Nuestra tragedia persistente

 

 

Democracia autoritaria

Por Lorenzo Meyer*

 

En principio, es claro que los términos democracia y autoritarismo son antitéticos. En teoría, un sistema político que es democrático simplemente no es autoritario, y viceversa. Pero como la realidad mexicana es contradictoria, un concepto como el de democracia autoritaria quizá no sea absurdo en nuestro caso, sino incluso, desafortunadamente, le cuadre bien.

Cuando en julio de 2000 una elección competida y relativamente libre de trampas puso fin a setenta y un años ininterrumpidos de dominio del PRI sobre la presidencia, la posibilidad de que fracasara la enorme empresa política en la que México se estaba embarcando: consolidar una democracia recién nacida, era algo teóricamente posible, pero no se discutió a fondo porque en el entusiasmo y el optimismo del momento la idea misma del fracaso desalentaba lo que se había iniciado bien. Para cuando el primer gobierno del cambio se acercaba a su fin, esa desagradable posibilidad —la de la frustración— ya no era mera hipótesis. Hoy, tras el retorno del PRI a Los Pinos por la vía electoral, la posibilidad del fracaso de la democracia mexicana está en el centro de la discusión política. Y mientras algunos consideran que el fracaso aún puede evitarse, otros ya son menos optimistas.

El profesor-investigador Lorenzo Meyer (Ciudad de México, 1942) Foto: RHM.

El profesor-investigador Lorenzo Meyer (Ciudad de México, 1942) Foto: RHM.

Hace trece años la gran discusión política entre nosotros se centraba en cuál sería la mejor vía para consolidar un cambio que había resultado de una combinación favorable de factores, como la influencia de la llamada tercera ola democrática mundial; el fin de la Guerra Fría; la escisión en 1987 del partido de Estado —el PRI— a raíz de una profunda crisis económica —la de 1982— que propició una insurgencia electoral en 1988; un fraude que restó legitimidad a un sistema ya agotado, y la disposición de la que parecía ser una derecha democrática —la panista— dispuesta a dejar atrás su etapa de mera “oposición leal” y de “concertacesiones” con el PRI, para lanzarse a la conquista del poder.

Hoy, la discusión se centra en determinar hasta qué punto la sociedad mexicana va a ser capaz de impedir que un PRI que sigue siendo lo que siempre fue —botón de muestra es examinar la biografía de los miembros del gabinete político de Enrique Peña Nieto— devuelva a México a una variante de ese ayer caracterizado por elecciones trampeadas y donde el discurso democrático fue una fachada detrás de la cual se llevó a cabo una política autoritaria, irresponsable y bastante corrupta.

A la democracia política se la ha definido de muchas maneras, pero en cualquiera de ellas, de manera implícita o explícita, se coloca al pluralismo como uno de sus rasgos distintivos e imprescindibles. Y es que, idealmente, estos sistemas políticos deberían caracterizarse, entre otras cosas, por el predominio de una ideología de libertad e igualdad, de elecciones periódicas, competidas y justas, con medios de comunicación libres y diversos, donde los ciudadanos tienen igualdad de derechos y obligaciones ante la ley, libertad de asociación, y donde las posiciones políticas con representación en la arena electoral ofrecen propuestas que son alternativas reales.

En principio, en un sistema ideal como el descrito, cualquier corriente de opinión o interés que no contravenga la legalidad y que logre obtener una base social significativa puede organizarse, formar un partido, presentar un programa de acción y aspirar a participar en la conformación de los órganos de poder e incluso dirigirlos por un tiempo. En contraste, la característica principal del modelo autoritario —y esto lo dejó bien claro uno de sus teóricos más importantes, el politólogo español Juan Linz— es un pluralismo limitado e irresponsable, es decir, aquel donde no se puede llamar a cuentas al poder, un poder con límites mal definidos. En un contexto tal, sólo pueden acceder a la arena política aquellos actores individuales o colectivos que son aceptados o tolerados por ese poder que tiene capacidad para limitar, de manera legal o ilegal, las posibilidades de acción política de quienes no tienen el plácet de los que ejercen el poder.

El arreglo político que se consolidó al final de la Revolución mexicana constituyó uno de los sistemas autoritarios más exitosos del siglo xx, cuya naturaleza expuso y explicó muy bien Pablo González Casanova en su obra clásica La democracia en México (1965). En ese esquema, el centralismo presidencial compartía su poder autoritario como primus inter pares con los caciques y los empresarios, en una sociedad dual en que las posibilidades de un desarrollo material capitalista efectivo requerían ya una transformación en las estructuras políticas para que se incorporaran y se representaran efectivamente los intereses de la multitud de marginados. La democracia era una aspiración y una necesidad, pero estaba lejos de poder concretarse. Debieron pasar varias décadas y sucesivas crisis políticas y económicas: 1968-1971, 1976, 1982, 1988, 1994-1995, para que las estructuras políticas se abrieran al cambio y el pluralismo empezara a ser una realidad.

El nuevo libro del catedrático de El Colegio de México. Foto: RHM

El nuevo libro del catedrático de El Colegio de México. Foto: RHM

En el México actual, el marco legal y la práctica política parecieran propiciar y administrar pacíficamente las tensiones propias de una pluralidad plena. La presidencia ya no es el centro inapelable de las decisiones del poder, los poderes Legislativo y Judicial son más independientes que en cualquier otra época desde la República Restaurada, los gobiernos estatales tienen recursos y autonomía —ésta, incluso en exceso—, el sistema de partidos ofrece opciones al elector, las elecciones son realmente competidas y las movilizaciones independientes no son obstaculizadas y combatidas sistemáticamente, al estilo 1968. La prensa y la radio son relativamente libres, y la libertad de asociación es efectiva. Pero éste es sólo un aspecto de la realidad. Hay otro.

Ese otro corresponde al legado autoritario. El pluralismo político sigue teniendo límites. La izquierda —las izquierdas, en realidad— se puede organizar y presentarse en el campo electoral como alternativa de gobierno, pero ha tenido un límite infranqueable: las derechas priista y panista aceptan la alternancia entre ellas, pero por las buenas y las malas se han negado a que la izquierda sea parte de la alternancia. El intento de desafuero, en abril de 2005, del líder más fuerte de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, marcó el momento en que la derecha —las derechas— reafirmó que su tolerancia del pluralismo tenía un límite, y que éste no era el propio de la democracia, sino uno más estrecho y cercano al autoritarismo. De formas distintas en 2006 y en 2012, desde el gobierno y desde la estructura de los poderes fácticos, reafirmó lo ocurrido desde 1988: la alternativa en el ejercicio del poder presidencial no incluía a la izquierda.

Desde esos gobiernos estatales donde el PRI nunca dejó el poder (Estado de México, Veracruz, etc.), desde la presidencia de la República dominada por el PAN, desde el medio de comunicación masiva más importante y sin diversidad —la televisión—, desde las cúpulas empresariales donde la concentración de recursos alcanza niveles de escándalo, desde los sindicatos formados en el antiguo régimen, desde la corrupción administrativa, por vías legítimas e ilegítimas, se impidió lo que en otras transiciones democráticas resultó lógico y natural: que la izquierda tuviera su turno en la dirección del país. Ese esfuerzo ha culminado en el retorno a la presidencia y en el predominio en el Congreso y en los estados del PRI, un partido que desde su origen se enfrascó en un proyecto no democrático y que ochenta y cuatro años más tarde sigue siendo fiel a ese origen.

Las acciones de las derechas mexicanas en los últimos doce años impidieron una consolidación democrática efectiva. Vivimos una etapa de reflujo, pero aún no estamos en posibilidades de afirmar si ese reflujo llevará a una prolongación de la ambigüedad que hoy caracteriza a nuestro arreglo político —el no ser ni la democracia prometida ni un neoautoritarismo— o si finalmente se decantará por una de las alternativas. La moneda está en el aire, y ahí seguirá durante el sexenio que se acaba de iniciar, pues, de no ocurrir algo extraordinario, la ambigüedad que ya se ha instalado no será sustituida por una certeza antes de 2018. Y el carácter de esa certeza dependerá de qué tanto la sociedad mexicana decida movilizarse en defensa de un proyecto democrático y de que la fortuna le sonría.

 

*Fragmento del libro “Nuestra tragedia persistente. La democracia autoritaria en México”, de Lorenzo Meyer (Debate, 2013). Agradecemos a la editorial las facilidades otorgadas para su publicación.

 

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